La Ley de Control de Agua Potable y Tóxicos del Estado de California de 1986 (Proposición 65) exige que las empresas proporcionen advertencias “claras y razonables” a los californianos sobre una exposición significativa a sustancias químicas que pueden causar cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos a los seres humanos.

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